Fotografía por: Supersociedades

Bogotá D.C., 08 de mayo de 2026. La Superintendencia de Sociedades negó el recurso de reposición y mantuvo en firme la intervención judicial adelantada contra la Asociación Mutual para Profesionales de la Fuerza e Infantes de Marina ASOMUFFAA, su representante y otros vinculados, al concluir que persisten los elementos que configuran captación masiva y habitual no autorizada de dineros del público.

La decisión se adoptó mediante el Auto 2026-01-361514 del 7 de mayo de 2026, que confirmó en todas sus partes la providencia que rechazó la solicitud de desintervención presentada por el señor Nayib Alberto Tapia Lian, al establecer que no se desvirtuaron los hallazgos que dieron lugar a la medida, no se aportaron hechos nuevos y no se demostraron errores de hecho ni de derecho que justificaran levantar la intervención.

La Superintendencia fue enfática en señalar que la procedencia de la intervención no depende de la forma jurídica utilizada, sino de la realidad económica de la operación. Cuando se acreditan masividad, habitualidad, oferta abierta, rendimientos fijos sin explicación financiera razonable y continuidad en la recepción de recursos, se configura captación ilegal, aun si se intenta amparar la actividad en vínculos asociativos o mutuales.

Así mismo, precisó que la negativa de la desintervención no se fundamenta en la autoría inicial del esquema, sino en la continuidad de la captación y en omisiones graves de quienes tenían funciones de dirección, administración y control. Permitir la operación, autorizar pagos y no suspender la actividad pese a alertas evidentes compromete responsabilidad y hace improcedente cualquier desvinculación del proceso de intervención.

Al respecto, la Superintendenta de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda Quintero, afirmó: “La Superintendencia de Sociedades continuará ejerciendo sin vacilaciones las facultades que le confiere la ley para suspender operaciones ilegales, mantener las intervenciones y procurar la recuperación de los recursos captados sin autorización legal. Es fundamental que la ciudadanía denuncie oportunamente cualquier esquema de captación no autorizada y confíe en las instituciones para proteger el ahorro del público”.