Para este trámite, actualmente la Superintendencia de Sociedades expide una constancia que confirma que dichos documentos están firmados por los secretarios autorizados conforme a lo reportado por cada ente cameral.

Cuando se tengan objeciones a la determinación de derechos de voto y acreencias en un acuerdo de reestructuración, que no puedan ser resueltas en la reunión del artículo 23 de la ley 550 de 1999, se puede demandar ante la Superintendencia de Sociedades.

Diligenciamiento y presentación de la información financiera por parte de las Entidades Empresariales supervisadas del sector real de la economía, así como de la información no financiera de los sujetos obligados según requerimiento de la Superintendencia de Sociedades; dentro de los plazos y parámetros fijados por la Entidad.

Consulta de informes empresariales, económicos, financieros y de buenas prácticas, presentando recomendaciones dirigidas a prevenir y mitigar riesgos en las empresas, en desarrollo de la política de supervisión.

Se presentan los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año, suministrados por las Entidades Empresariales que se encuentran sometidas a vigilancia y control, así como aquellas inspeccionadas que sean objeto de muestreo estadístico por parte de esta Superintendencia; pertenecientes al sector real de la economía y que reportan su información financiera bajo NIIF - grupo 1 y NIIF - grupo 2.

La parte interesada por intermedio de su apoderado puede radicar demandas relacionadas con los temas que son objeto de conocimiento de la Dirección de Procesos Especiales ante la Superintendencia de Sociedades, la demanda se puede radicar por correo electrónico dirigido a web master o por Expediente Digital, o presencial.

La parte interesada por intermedio de su apoderado puede radicar demandas relacionadas con los temas que son objeto de conocimiento de la Dirección de Procesos Especiales ante la Superintendencia de Sociedades, la demanda se puede radicar por correo electrónico dirigido a web master o por Expediente Digital, o presencial.

La parte interesada por intermedio de su apoderado puede radicar demandas relacionadas con los temas que son objeto de conocimiento de la Dirección de Procesos Especiales ante la Superintendencia de Sociedades, la demanda se puede radicar por correo electrónico dirigido a web master o por Expediente Digital, o presencial.

La parte interesada por intermedio de su apoderado puede radicar demandas relacionadas con los temas que son objeto de conocimiento de la Dirección de Procesos Especiales ante la Superintendencia de Sociedades, la demanda se puede radicar por correo electrónico dirigido a web master o por Expediente Digital, o presencial.

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual las partes defieren a árbitros habilitados por ellas la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice por medio de una decisión llamada laudo.

La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual las partes involucradas en una controversia de carácter transigible, gestionan por si mismas su solución, a través de un trámite informal y rápido, con la colaboración de un tercero neutral, calificado y especializado, llamado conciliador.

La parte interesada por intermedio de su apoderado puede radicar demandas relacionadas con los temas que son objeto de conocimiento de la DPM ante la Superintendencia de Sociedades, la demanda se puede radicar por correo electrónico dirigido a web master o por Expediente Digital, o presencial.

Es la solicitud mediante la cual una sociedad anónima constituida con objeto social único como Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial, pretende recibir la autorización para funcionar como tal.

Es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de presentar una solicitud para que se inicie investigación tendiente a establecer los supuestos de hecho previstos en el artículo 6° del Decreto-Ley 4334 de 2008 y/o el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y demás disposiciones concordantes para la adopción de las medidas de intervención previstas en el mismo Decreto-Ley

Es la posibilidad de que suscriptores de planes de autofinanciamiento comercial ofrecidos por las SAPAC, así como vendedores independientes vinculados a compañías que desarrollan actividad multinivel o de mercadeo en red, presenten quejas o peticiones relacionadas con el ejercicio de tales actividades por parte de las compañías.

Plataforma a través de la cual el usuario puede consultar y realizar los trámites de solicitud de admisión al trámite de Negociación de Emergencia, Reorganización Abreviada, Reorganización Ordinaria (Ley 1116 de 2006), Liquidación Simplificada, Liquidación Judicial y Validación Judicial. Adicionalmente podrá consultar el estado de las solicitudes, con las imágenes que se muestran a continuación y en el menú de la parte superior.

Procedimiento para la validación de un acuerdo de reorganización para su validación por el juez del concurso.

Ejercicio del derecho de contradicción respecto al correcto reconocimiento de los créditos y obligaciones a cargo del deudor y a favor de un acreedor

La orden para reformar las cláusulas estatutarias que no se ajusten a la ley es una atribución administrativa de la Superintendencia de Sociedades, que se ejerce respecto de las sociedades sometidas a su control o vigilancia, que tiene por finalidad que las personas legitimadas por la ley, soliciten que se convoque u ordene la convocatoria del máximo órgano social para la correspondiente reforma. Más información aquí.

Este procedimiento es aplicable a las sociedades que se encuentran incursas en un acuerdo de reestructuración suscrito en virtud de la Ley 550 de 1999 y cuya entidad nominadora sea esta Superintendencia; haciendo uso de este procedimiento, los acreedores podrán denunciar el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el acuerdo de reestructuración o de las posteriores al mismo. Más información aquí.

Las partes pueden consultar el expediente a través del aplicativo Expediente Digital sin necesidad de presentarse a una de las instalaciones de la entidad.

En el buzón electrónico pmercantiles@supersociedades.gov.co la Superintendencia de Sociedades recibe todos los documentos relacionados con los procesos judiciales tramitados por los usuarios. Los documentos enviados por correo electrónico serán recibidos y estudiados inmediatamente, incluso por fuera del horario de atención de la superintendencia.

Solicite el certificado de estados de sociedades, diligenciando la información del formulario dispuesto para este trámite. Sus datos se encuentran protegidos bajo la Ley de Protección de Datos Personales.

Invitación al público para que participe en la almoneda en la cual se ofrecen en remate los bienes que han sido embargados al interior de procesos de cobro coactivo en la Superintendencia de Sociedades.

Los sujetos con obligaciones pendientes de pago con la Superintendencia de Sociedades podrán cancelarlas en forma electrónica a través de los servicios electrónicos de pago con los que cuenta la Entidad. Para poder realizar el pago debe ingresar con el usuario y contraseña que utiliza para transmitir la información financiera a la Entidad ingresando por atención al ciudadano/portal de pagos. En caso de no tener usuario y contraseña podrá crearlos a través de la opción ¿Olvidó su Contraseña?'   Para poder realizar el pago debe ingresar con el usuario y contraseña que utiliza para transmitir la información financiera a la Entidad ingresando por servicios electrónicos a estado de cuenta y pago.   En caso de no tener usuario y contraseña podrá crearlos ingresando a la página web de las Supersociedades al costado derecho en (Presentación - Regístrese para acceder a nuestros servicios Natural - Jurídico)

Proceso con el que se busca dar fe respecto a la veracidad de un documento o un hecho que ha ocurrido.

Es aquel documento que la Superintendencia de Sociedades expide a fin de asegurar la verdad de un hecho o acreditar una situación.

Procedencia de la exclusión por pago o por alguna otra razón legal con el fin que el sujeto sea retirado del boletín de deudores morosos del estado de la Contaduría General de la Nación.

Los sujetos que tengan obligaciones pendientes de pago con la Superintendencia de Sociedades podrán acudir al grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo a fin de solicitar la aprobación de un acuerdo de pago.

Con el fin de cumplir con las funciones asignadas a la Superintendencia de Sociedades y verificar las iniciativas de un grupo de comerciantes, se emitirá concepto de viabilidad a las solicitudes de creación de una cámara de comercio, siempre que se cumpla con los requisitos legales exigidos para el efecto.

Con el fin de cumplir con las funciones asignadas a la Superintendencia de Sociedades y promover la formalización empresarial, los interesados pueden presentar una queja contra una persona natural o jurídica, que ejerza alguna actividad comercial y no cumpla con la obligación de estar matriculado en el Registro Mercantil, haber matriculado sus establecimientos de comercio y/o renovar oportunamente los mismos.

Con el fin de cumplir con las funciones asignadas a la Superintendencia de Sociedades y en garantía del principio de doble instancia, cuando los interesados consideren afectados sus intereses por un acto expedido por una cámara de comercio, ya sea por la inscripción o el rechazo del registro de un acto o documento en el Registro Mercantil o en el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.

Con el fin de cumplir con las funciones asignadas a la Superintendencia de Sociedades y supervisar el cumplimiento de las funciones legales asignadas a las cámaras de comercio, los interesados (ciudadanos, extranjeros, instituciones o dependencias públicas y/u organizaciones) pueden presentar una denuncia por presunto incumplimiento de las normas que regulan a las cámaras de comercio, sus estatutos o por instrucciones u órdenes impartidas por la Superintendencia de Sociedades, para que se inicien las averiguaciones preliminares o la investigación correspondiente.

Es la solicitud mediante la cual una sociedad mercantil vigilada por la Superintendencia de Sociedades cuyo objeto exclusivo sea la originación de créditos de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 879 del Estatuto Tributario, los desembolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que realicen las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades cuyo objeto exclusivo sea la originación de créditos, serán exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros. Para efectos de esta exención, la Superintendencia de Sociedades certificará previamente que la sociedad mercantil tiene como objeto exclusivo la originarios de créditos.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010 que modificó los numerales 4° y 7° del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, a partir del sometimiento a control, se prohíbe a los administradores y empleados las enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios, sin autorización expresa de esta Superintendencia.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010 que modificó los numerales 4° y 7° del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, a partir del sometimiento a control, se prohíbe a los administradores y empleados de sociedades controladas la constitución de garantías sin autorización de esta Superintendencia.

Una de las facultades que tiene esta Superintendencia es convocar u ordenar convocar a reuniones de la Asamblea o Junta de Socios, cuando quiera que éstas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la ley, para lo cual se impone diferenciar entre sociedades inspeccionadas y vigiladas.

La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de la atribución conferida en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995, imparte la aprobación del estado de inventario del patrimonio social cuando se adelantan procesos de liquidación voluntaria, en los casos que expresamente determine el Gobierno Nacional (artículo 124 de la Ley 1116 de 2006). Más información aquí.

Este procedimiento es aplicable únicamente a las sociedades que se encuentran incursas en un acuerdo de reestructuración suscrito en virtud de la Ley 550 de 1999 y cuya entidad nominadora sea esta Superintendencia. Consiste en la posibilidad del empresario reestructurado de reformar el acuerdo inicialmente pactado, ante una situación crítica que le impida su cumplimiento, con la asistencia obligatoria de un delegado de la Superintendencia de Sociedades.

La Superintendencia de Sociedades tiene la competencia para comprobar la realidad de las operaciones que celebre una sociedad y sus vinculados, para determinar que sean reales y/o que se hayan celebrado en condiciones normales de mercado, en perjuicio del Estado, de los socios o de terceros, e imponer las sanciones a que haya lugar y ordenar la suspensión de los actos. Más información aquí

Las matrices o controlantes están en la obligación de solicitar la inscripción en el registro mercantil de la situación de control o grupo empresarial (artículo 30 de la Ley 222 de 1995). Ante el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de esta obligación, la Superintendencia de Sociedades puede iniciar, de oficio o petición de interesado, una investigación administrativa para determinar la existencia de dicha situación de control e imponer la sanción respectiva, o en el caso del registro extemporáneo imponer la respectiva sanción. Más información aquí

La sociedad que pretende hacer uso del beneficio fiscal previsto en los artículos 112 y 113 del Estatuto Tributario, deberá obtener de la Superintendencia de Sociedades la aprobación del estudio actuarial, para establecer el valor presente de las obligaciones futuras por pensiones actuales o eventuales, las cuales deberán calcularse por el método de las rentas crecientes contingentes fraccionarias, utilizando las bases técnicas establecidas en la legislación aplicable (artículo 2.2.1 del Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2131 de 2016, en concordancia con el Artículo 1.2.1.18.46. Del Decreto 1625 de 2016). Más información aquí

De conformidad con el numeral 2° del artículo 85 de la Ley 222 de 1999, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de autorizar toda reforma estatutaria que pretenda llevar a cabo la sociedad sometida a control, en los términos de la citada disposición legal.

Con la finalidad de tener mayor capacidad y cobertura y así atender a los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cámara de comercio con jurisdicción territorial en el domicilio del deudor, a través de su centro de conciliación o directamente, a través de mediación y con la participación de un mediador de la lista.

Supone la existencia de una situación de cesación de pagos de una sociedad; inicia por el incumplimiento o fracaso de un acuerdo de reorganización.

En el auto de confirmación del acuerdo de reorganización se ordena el levantamiento de medidas cautelares para liberar los inmuebles y dineros embargados

Cuando un deudor empieza a hacer negociaciones privadas con sus acreedores existen amenazas que pueden poner en riesgos esos potenciales acuerdos: se presenta una amenaza de actos en contra del patrimonio del deudor que limitan de forma determinante.

Este procedimiento está dirigido a atender la reorganización de todos los deudores destinatarios del régimen de insolvencia empresarial contenido en la Ley 1116 de 2006, que estén en cesación de pagos, y cuyos activos sean inferiores o iguales a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMMLV), como un mecanismo único y excluyente.

Se presenta cuando el auxiliar de la justicia viola gravemente los deberes del cargo para el cual fue designado o incumple reiteradamente las órdenes del juez.

Decretada la liquidación judicial y posesionado el liquidador, vencido el plazo de veinte (20) días para que los acreedores se hagan parte, el liquidador deberá presentar el proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de voto.

Los deudores afectados, destinatarios del Régimen de Insolvencia empresarial contenido en la Ley 1116 de 2006, podrán celebrar acuerdos a través del trámite de negociación de emergencia, de acuerdos de reorganización. Presentada la solicitud con el lleno de requisitos previstos en el artículo 10 y 13 de la Ley 1116 de 2006, el juez del concurso la admitirá y a partir de ese momento el deudor cuenta con un término de tres (3) meses para lograr el acuerdo.

Es la posibilidad que tienen los sujetos establecidos en el inciso 2 del artículo 13 del Decreto 1910 de 2009, de presentar un plan de pagos para devolver recursos a los afectados por la captación masiva e ilegal de dinero del público.

El interesado podrá presentar los motivos por los cuales se encuentra en desacuerdo con la rendición final de cuentas del interventor.

Se presenta cuando un acreedor interno o externo, o un administrador del empresario con facultades de representación, objetan las decisiones del promotor. La Superintendencia resolverá todas las objeciones que se hayan presentado en tiempo

Este procedimiento está dirigido a atender la liquidación judicial de todos los deudores destinatarios del régimen de insolvencia empresarial contenido en la Ley 1116 de 2006, cuyos activos sean inferiores o iguales a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMMLV), como un mecanismo único y excluyente.

El artículo 4 del Decreto 4334 de 2008 establece que la Superintendencia de Sociedades de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, adelantará la intervención administrativa en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas.

Cuando se confirma el acuerdo de reorganización entre deudor y acreedores, este es ley para las partes y de obligatorio cumplimiento. Dentro del acuerdo quedan obligaciones de hacer distintas a las obligaciones de pago.

Al confirmarse el acuerdo, el Grupo de Reorganización traslada el proceso al Grupo de Seguimiento. Si se trata de un acuerdo de reorganización, los procesos los envía el juez, dándose aplicación al artículo 20 de la ley 1116 de 2016.

El incumplimiento de alguna obligación derivada del acuerdo a cargo de algún acreedor, dará derecho a demandar su declaración ante la Superintendencia de Sociedades a través del procedimiento verbal sumario, en única instancia.

La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales en única instancia y a través del procedimiento verbal sumario, conoce de las demandas relacionadas con la existencia, eficacia, validez y/o posibilidad o de la celebración.

La solicitud de admisión, debe cumplir los requisitos y supuestos de ley. Si no lo hace, se inadmite para que remitan todos los documentos en un término de 10 días.

Reproducción y entrega de documentos que no tengan el carácter de reservado al interior de expedientes misionales jurisdiccionales o administrativos) o de la propia gestión administrativa de la Entidad

Procedimiento para la devolución de saldos a favor de terceros a consecuencia del pago en exceso de una obligación

En las sociedades sometidas a control de la Superintendencia de Sociedades, se debe obtener aprobación del avalúo de los aportes en especie que los asociados pretendan realizar a la sociedad. Más información aquí.

La normalización del pasivo pensional consiste en asegurar o garantizar el pago del pasivo pensional a todos aquellos empleados que tengan o lleguen a tener derecho a la mesada pensional, en el monto que le corresponde de acuerdo a lo establecido en la ley. Este trámite requiere autorización de la Superintendencia de Sociedades, previo concepto favorable por parte del Ministerio del Trabajo (artículo 12 Decreto 1260 de 2000 y artículo 2º del Decreto 4014 de 2006). Más información aquí

De conformidad con el artículo 752 del Código de Comercio, los bonos son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujetas a la inspección y vigilancia del Gobierno. Más información aquí

Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto conceden a su titular el derecho a recibir un dividendo mínimo fijado en el reglamento de suscripción y que se paga en forma preferente en relación con las acciones ordinarias, el reembolso preferencial de los aportes una vez pagado el pasivo externo (en caso de disolución de la sociedad) y los demás derechos de las acciones ordinarias, salvo el de participar en la asamblea de accionistas y votar en ella. Más información aquí

Este procedimiento es aplicable únicamente a las sociedades que se encuentran sometidas a control por parte de la Superintendencia de Sociedades (Artículo 85 de la Ley 222 de 1995).

La fusión es una reforma estatutaria a través de la cual, una o más sociedades se disuelven sin liquidarse y transfieren en bloque sus patrimonios para ser absorbidas por otra u otras sociedades o, para crear una nueva compañía (artículo 172 del Código de Comercio). Más información aquí.

La escisión es una reforma estatutaria mediante la cual (i) una sociedad (escindente) sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a la creación de una o varias sociedades, o cuando (ii) una sociedad (escindente) se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades (artículo 3° de la Ley 222 de 1995). Más información aquí

La disminución de capital con efectivo reembolso de aportes requiere autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con el artículo 145 del Código de Comercio y el numeral 7º del artículo 86 de la Ley 222 de 1995. Dicha autorización podrá ser conferida de manera general o de manera previa en los términos establecidos en la Circular Básica Jurídica – CBJ (Circular Externa No. 100-000005 de 2017). Más información aquí.

La investigación administrativa es una de las medidas previstas por el artículo 87 de la Ley 222 de 1995 (modificado por el artículo 152 del Decreto 019 de 2012), la cual tiene como finalidad que las personas legitimadas por la ley denuncien las irregularidades de tipo societario cometidas por los administradores y revisores fiscales de las sociedades.