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Fotografía por: Supersociedades

Bogotá, septiembre 20 de 2018… La Superintendencia de Sociedades implementó medidas para agilizar los procesos de liquidación judicial de compañías que ingresan a la ley de insolvencia por crisis y cesación de pagos.

Actualmente, en promedio estos trámites se surten en periodos que van de 12 a 14 meses, de acuerdo con los registros de la Delegatura para los Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades. Entre enero y agosto de 2018 se logró el cierre de liquidación en cerca del 80 por ciento de los casos.

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, destacó que "el objetivo principal de estos procesos es impartir una justicia concursal ágil y eficaz, de modo que se pueda efectuar el pago de las acreencias lo más rápido posible. En tanto más rápido se logre liquidar una sociedad que ingresa en las causales de insolvencia, menores serán los perjuicios".

Este promedio es significativamente inferior a lo que podría tardar una liquidación a través de la justicia ordinaria, si se tiene en cuenta el alto volumen de casos de diversa índole que se tramitan ante los juzgados.

Entre las acciones desplegadas para acelerar trámites está la implementación de un proyecto para automatizar procesos, denominado expediente digital, que les permite a los empresarios realizar trámites "on line", como notificaciones y solicitudes, sin tener que desplazarse hasta las dependencias de la entidad.

Un grupo especializado, conformado por profesionales en ciencias jurídicas y económicas tiene a cargo los procesos de liquidaciones judiciales. Este equipo tiene la misión de determinar y cuantificar los activos de las sociedades.

A través de procedimientos expeditos, la entidad ordena el avalúo de bienes y cuantifica los pasivos o deudas y determina la legitimidad de las reclamaciones, en aras garantizar el pago a sus acreedores.

En estos procesos de liquidación judicial la Superintendencia de Sociedades otorga prelación a las deudas con trabajadores y con las entidades de seguridad social, tal como lo establece la ley de insolvencia para estos casos. (FIN)