Noticias

Fotografía por: Supersociedades

Bogotá, 11 de mayo de 2017 (ss). En el país, el riesgo de que los dineros del sector público del orden nacional o regional caigan en manos de corruptos es muy grande. No en vano, hoy la corrupción es uno de los temas centrales en la discusión pública entre los colombianos. Según Transparencia por Colombia en su tradicional estudio anual, en el rango de riesgo ‘alto’ y ‘muy alto’ quedaron 60% de las 28 alcaldías evaluadas; 50% de las 32 contralorías departamentales; 40% de las gobernaciones y 19% de las entidades nacionales.

Una de las principales y más alarmantes conclusiones del estudio es que los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para capitalizar recursos económicos y controlar el territorio y sus poblaciones.

En medio de un panorama complejo, debido a los recientes escándalos en materia de corrupción y de ser testigos en muchos casos de la inacción de las autoridades o de sanciones mínimas, algunas entidades públicas sobresalieron en la investigación de Transparencia.

La mejor calificación con un riesgo moderado de corrupción la obtuvo la Superintendencia de Sociedades, seguida de la Superintendencia Financiera y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Para alcanzar este logro, Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, tiene a sus principales asesores monitoreando con lupa todos los procesos de la entidad. Cada semana el mismo Reyes revisa detalladamente qué audiencias tienen en las delegaturas de Procedimientos de Insolvencia y Mercantiles y el objetivo es que estos procesos se trasmitan en vivo por internet y puedan ser consultados no solo por las partes de los procesos sino por otros interesados.

“Estos temas tecnológicos, además de generar transparencia, consolidan la descongestión a la justicia”, asegura Reyes Villamizar, al recordar que un proceso en la Delegatura de Procedimientos mercantiles (demandas entre socios) se tramita en promedio en 171 días (5,7 meses) mientras que en la justicia ordinaria puede incluso en promedio tardar 1.288 días (tres años y medio).

En el área de quiebras y reorganización hay procesos como el de Conalvías, que se tramitó en menos de seis meses y otros con un alto índice de recuperación de activos. Se implementó, además, un programa que permite que los representantes legales de las empresas en crisis sean los mismos líderes de las reorganizaciones empresariales, siempre bajo la vigilancia de la SuperSociedades.

Reyes destaca también el trabajo de la delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, que hoy monitorea empresas como Odebrecht y donde se inició la investigación del tema de las libranzas y las empresas multinivel, entre otros.

Finalmente, la delegatura de Asuntos Económicos tramita todo el proceso de conversión de la contabilidad de las empresas a normas internacionales y donde, además, se le hace un minucioso análisis a diferentes sectores de la economía.

*Texto tomado de revista Dinero Pg. 74-75

Foto. De izquierda a derecha

Luisa Fernanda Trujillo Bernal, Asesora del Despacho del Superintendente encargada del Grupo de Contratos, Maria Paula Sala Cárdenas, Asesora del Despacho del Superintendente, Nicolás Polanía Tello, Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, Ingrid Denisse Zapata Ariza, Superintendente Delegada de Asuntos Económicos y Contables, Andrés Alfonso Parias Garzón, Superintendente Delegado de Inspección, Vigilancia y Control y Catalina Guío Español, Superintendente Delegada para Procedimientos Mercantiles.