Noticias

Fotografía por: Supersociedades

Ver auto 

—    La medida cobija a Andean Capital Markets S.A., Premium Capital Individual Portfolio Fund B.V., Premium Capital Appreciation Fund BV, Compañía Colombiana de Capitales S.A.S, Helados Modernos S.A., Malta S.A., Las Tres Palmas Ltda., Torres Opal USA Corporation S.A.S. e Inversiones Jaramillo Botero S.A.

—    El auto se extiende a las personas naturales Juan Carlos Ortiz Zarrate, Tomás Jaramillo Botero y Víctor Maldonado Rodríguez entre otras.

Bogotá, 18 feb 2015 (SS). La Superintendencia de Sociedades mediante Auto 400-002649 del 16 de febrero de 2015 decretó la liquidación judicial dentro del proceso de intervención de las sociedades Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y Premium Capital Appreciation Fund BV.

La decisión expedida por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia cobija a 26 sociedades más entre las que aparecen Andean Capital Markets S.A., Premium Capital Individual Portfolio Fund B.V., Compañía Colombiana de Capitales S.A.S, Helados Modernos S.A., Malta S.A, Las Tres Palmas Ltda., Torres Opal USA Corporation S.A.S., Cuama S.A. e Inversiones Jaramillo Botero S.A.

El auto que decretó la liquidación judicial dentro del proceso de intervención en curso cobija, además, al patrimonio de 31 personas naturales, entre las que aparecen Juan Carlos Ortiz Zárrate, Tomás Jaramillo Botero y Víctor Maldonado Rodríguez, entre otros.

La medida, que va en línea con lo dispuesto en los autos 400-008970, 400-009182 y 400-013267 del 17, 21 de mayo y del 29 de julio de 2013, mediante los cuales la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las anteriores sociedades y personas naturales, se da luego de surtirse las etapas procesales contempladas en el Decreto 4334 de 2008.

Durante este proceso, el interventor, Alejandro Revollo, adelantó conversaciones con los intervenidos, principalmente con los señores Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárrate y Víctor Maldonado Rodríguez, con miras a encontrar fórmulas de arreglo que pudieran resarcir a los inversionistas. Sin embargo, en la sesión de la asamblea de acreedores que se llevó a cabo el 25 de junio de 2014, el 99,15 por ciento de los afectados que asistieron se mostró en desacuerdo con las propuestas de los intervenidos.

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la gestión cumplida por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades y de las actuaciones del interventor se ha logrado recuperar y devolver a los afectados, 18.100 millones de pesos, según consta en autos del 19 de diciembre de 2013 y del 18 de julio de 2014, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

En el auto se evidencia, además, que los intervenidos adeudan más de 192.893 millones de pesos, 64.6 millones de dólares y 433.036 euros a los 1.028 afectados que se encuentran reconocidos dentro del proceso de intervención por la captación ilegal.

A pesar de que el inventario inicial muestra activos del orden de los 516.837 millones de pesos, se ha podido establecer que más del 50 por ciento de estos ($281.698 millones), son de difícil recuperación.

“Se trata de deudas registradas en los estados financieros por concepto de cuentas por cobrar, que en su mayoría obedecen a préstamos efectuados entre socios, entidades intervenidas, en liquidación voluntaria y especialmente entre compañías vinculadas que datan de años atrás”, explicó el interventor, Alejandro Revollo, tras recalcar que un alto porcentaje de tales acreencias no cuenta con soporte documental, contractual o título ejecutivo y, en algunos casos, ni siquiera existe la contrapartida contable en los balances de las deudoras.

Tras la declaratoria de liquidación judicial dentro del proceso de intervención, los acreedores que aún no hubieren sido reconocidos tendrán la posibilidad de hacerse parte dentro del proceso.

La Superintendencia de Sociedades aclaró, además, que los afectados ya reconocidos tendrán preferencia para el pago de sus créditos y no estarán obligados a presentarse nuevamente al proceso.

La finalidad de la liquidación judicial es procurar el pago a los afectados y acreedores, en la medida en que existan los activos disponibles para el efecto.

En este proceso se adelantará la venta o adjudicación, según el caso, de los activos que formarán parte del inventario valorado y que deberá aprobar la Superintendencia de Sociedades.

Como liquidador, se designó al abogado Alejandro Revollo Rueda, quien desde mayo de 2013 se viene desempeñando, por orden de la Superintendencia de Sociedades, como agente interventor de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y demás sociedades y personas naturales intervenidas.