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Fotografía por: Supersociedades

Bogotá D.C., diciembre 27 de 2021. El pasado 10 de diciembre de 2021 el Grupo de Trabajo de Soborno Transnacional de la Organización para el Desarrollo Económico- OCDE, aprobó el reporte de seguimiento de dos años tras la evaluación de la Fase 3 de Colombia, realizada en diciembre de 2019, en materia de implementación de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales (la "Convención"). De 34 recomendaciones realizadas en la Fase 3 de la evaluación de Colombia en 2019, el grupo de trabajo concluyó que 12 fueron totalmente implementadas, 13 parcialmente implementadas y 9 no fueron implementadas.

"Los resultados del seguimiento de 2 años tras la evaluación de la Fase 3, son positivos para Colombia, pues se demuestra el avance y el trabajo realizado por la Superintendencia de Sociedades, en diferentes frentes, fortaleciendo la capacidad institucional y el marco legislativo en la materia. Quedan todavía muchos retos y recomendaciones por implementar completamente, pero vamos por buen camino en materia de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por conductas de soborno trasnacional", señaló el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

La organización destacó el papel activo de la Superintendencia de Sociedades para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas: de las 25 que fueron calificadas como totalmente o parcialmente implementadas, 16 de esas implementaciones obedecen en gran medida a los esfuerzos de la Superintendencia, incluyendo, entre otros:

• La suscripción de un otrosí al Convenio Interadministrativo 033 de 2019 de cooperación entre la Superintendencia y la UIAF para la lucha contra el soborno transnacional que contribuyen al fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y coordinación con la UIAF, para garantizar investigaciones efectivas de la Superintendencia.

• La realización de capacitaciones por parte de la Superintendencia de Sociedades sobre la conducta de soborno transnacional a investigadores y fiscales, a funcionaros de la DIAN, a la rama judicial y en general al sector público y privado, así como sobre el rol del Revisor Fiscal en la lucha contra el soborno transnacional y el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

   

• La debida ejecución del Convenio con la Fiscalía General de la Nación y el Protocolo de Intercambio de Información con esa misma entidad, que incluye reuniones periódicas, que han permitido el intercambio efectivo de información entre estas dos entidades.

   

• El reconocimiento, en la política nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva- CONPES 4042 de 2021, del vínculo entre el lavado de activos y el soborno transnacional y la necesidad de combatirlo, así como la necesidad de un intercambio fluido de información entre diferentes entidades para fortalecer la investigación y sanción de la conducta de soborno transnacional.

   

• La realización de entrenamientos y capacitaciones en materia LA/FT y soborno y preparación de material pedagógico en la materia.

   

• La suscripción de un Memorando de Entendimiento con la DIAN sobre cooperación en el área digital e intercambio de información.

   

• La asistencia regular a las reuniones del grupo de trabajo desde la Fase 3, de los oficiales de cumplimiento (LEO y LAC LEN), así como participación en encuestas y actividades del grupo o promocionadas por éste.

   

• La construcción de estadísticas de las sanciones impuestas a las personas jurídicas por conductas de soborno trasnacional, las cuales son publicadas en la página web de la Superintendencia y de estadísticas de solicitudes de asistencia legal mutua del 2018 al 2021.

   

• La modificación integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia sobre el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la cual amplía la cobertura de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas- APNFD obligadas a medidas ALA/CFT, así como la participación activa en la redacción del artículo incluido en la Ley 2155 de 2021 sobre definición y registro de beneficiario final.

   

• La promoción de su canal de denuncias de soborno trasnacional través de las capacitaciones de soborno y en su material pedagógico incluyendo links visibles, así como su actualización y mayor visibilidad en su página web.

   

• El registro de las sanciones contra personas jurídicas por conductas de soborno transnacional en la Cámara de Comercio o a la Superintendencia Financiera, según corresponda, por parte de la Superintendencia.

El reporte también destaca que la Superintendencia de Sociedades ha sido activa en la investigación de presuntas conductas de soborno transnacional y aplaude el proyecto de ley en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción que se adelanta en el Congreso que busca subsanar varias de las recomendaciones realizadas por la OCDE en su evaluación en el 2019. Por su parte, el reporte insta a Colombia en la búsqueda de obtener legislación de protección a denunciantes, como un tema prioritario.

 "Con la Ley en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, aprobada recientemente en el Congreso, se espera que por lo menos 4 recomendaciones relacionadas con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, mejoren su calificación", comentó el Superintendente Escobar.

La Superintendencia sigue comprometida en la lucha contra la corrupción, en especial contra el soborno transnacional y seguirá fortaleciendo su capacidad investigativa y de sanción de casos de soborno transnacional de personas jurídicas, promoviendo la pedagogía en la materia y trabajando para que haya mayor cooperación entre entidades que garanticen un intercambio de información en casos de soborno transnacional, así como continuará impulsando las modificaciones legislativas o regulatorias que se requieran para implementar adecuadamente la Convención.