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Fotografía por: Supersociedades

Por Juan Pablo Liévano, Superintendente de Sociedades

El año pasado fue realmente duro para las empresas y, en consecuencia, para el empleo y el bienestar de las familias colombianas. Para que lo tengamos claro, la empresa y el empleo son la base fundamental del bienestar social y forman una unión sustancial, es decir, una inseparable y eterna unión, en la que no puede existir lo uno sin lo otro.

Gracias a las ayudas del Gobierno nacional como consecuencia de la pandemia, como los créditos garantizados, el PAEF y el PAP, al igual que las ayudas a los más necesitados a través del ingreso solidario, se pudo apoyar a las empresas y a los hogares más pobres, mitigando la pérdida de empleos y la insolvencia empresarial.

Igualmente, al iniciarse con pie derecho la reactivación económica y la vacunación en los primeros meses de este año, empezamos a ver, con esperanza, una luz al final del túnel. No obstante, llegó el desafortunado tercer pico, con cierres adicionales y, para completar el oscuro y difícil panorama, llegaron también las marchas y paros con los consecuentes bloqueos de vías, vandalismo y la afectación de la actividad empresarial.

Esta situación no es adecuada para la reactivación empresarial, la reducción de la tasa de desempleo y la recuperación del bienestar de los hogares. En realidad, la insolvencia empresarial de los años 2021, 2022 y 2023 estará directamente correlacionada con el desempeño de la economía en el año 2021. Un resultado inadecuado del PIB en el 2021, sumado al resultado negativo de -6.8% del 2020, traerá consigo niveles de insolvencia empresarial similares a los del año pasado, menores inversiones en los negocios y una difícil y lenta recuperación del empleo y el bienestar de los hogares. De hecho, el año pasado en la Superintendencia de Sociedades se presentaron 1.292 solicitudes de insolvencia, de las cuales se admitieron 997. Así, en caso de no darse una reactivación económica rápida y sostenida en el 2021, rondaremos anualmente las 1.300 solicitudes con 1.000 admisiones hasta el año 2023.

Por supuesto que todos tenemos el derecho a protestar como ciudadanos en un estado democrático como el colombiano, pero siempre respetando los derechos de los demás, tales como el derecho a la vida, la salud, la propiedad pública o privada, el trabajo, la alimentación y la movilidad, ya que la afectación a estos derechos en las marchas nos perjudica a todos. Evidentemente, perjudica a las empresas de todos los tamaños, que son pilares fundamentales de la generación de empleo y bienestar y, como se ha evidenciado, perjudican en mayor proporción a las micro y pequeñas empresas, base de nuestro tejido empresarial y bienestar social.

Claramente, la recuperación empresarial requiere de paz ciudadana, en la forma de protección y respeto a estos derechos, para que los hogares consuman, los empresarios inviertan y las empresas desarrollen sus negocios, recuperando sus ingresos y generando más empleo. Protestas que impliquen afectaciones al derecho a la vida y la integridad personal, a la movilidad, al trabajo e impliquen rupturas de las cadenas de suministro y consumo y destrucción de bienes públicos y privados, minan la confianza, generan incertidumbre y nos perjudican a todos, pues afectan la empresa, el empleo y el bienestar social.

En últimas, para lograr la plena reactivación de la economía y recuperar la empresa, el empleo y el bienestar social, debemos contar con paz ciudadana, lo cual es un buen negocio y la única forma para superar la crisis económica generada por la pandemia, continuar con los programas de solidaridad social y de apoyo a las empresas en dificultades y mejorar el estándar de vida de todos los colombianos.

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