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Fotografía por: Supersociedades

Bogotá D.C., 30 de julio de 2025. La Superintendencia de Sociedades informa que, en el marco del ejercicio riguroso y responsable de sus funciones, ha logrado obtener por fallos judiciales favorables CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($134.000.000.000), lo cual evidencia el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la protección de los recursos públicos.

Durante el primer semestre del año, las autoridades judiciales han emitido decisiones que validan la solidez de las actuaciones administrativas de la Entidad, particularmente en procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y Reparación Directa tramitados ante la jurisdicción Contencioso Administrativa. Este balance permite consolidar una tasa de éxito procesal del 99,9 %.

Entre los fallos más relevantes se destacan los relativos a las siguientes sociedades:

SOCIEDAD	VALOR PRETENSIONES
TRANZIT S.A.S.	$33.357.645.954
THX ENERGY SUCURSAL COLOMBIA	$14.546.000.000
INGENIERÍA Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA.	$6.000.000.000
ALUMINIO REYNOLS SANTADOMINGO S.A.	$2.721.009.231

 

Asimismo, se resalta que se profirieron decisiones favorables a la Entidad en procesos relacionados con la intervención por captación no autorizada del público respecto de las sociedades Vesting Group Colombia S.A.S., Plus Values S.A.S. y Elite International Américas S.A.S.

Estas decisiones judiciales reafirman la eficacia del modelo de defensa jurídica implementado por la Superintendencia de Sociedades, el cual se fundamenta en criterios técnicos y articulación institucional, y busca garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y la estabilidad del entorno empresarial.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló, “en este tipo de acciones se refleja la solidez jurídica de una Entidad que aplica con estricto apego la normativa vigente y sustenta sus actuaciones dentro del marco del debido proceso. Asumir la defensa jurídica con seriedad es fundamental para proteger los recursos públicos, preservar la seguridad jurídica y asegurar una gestión transparente y eficiente del patrimonio estatal. Nuestra labor no se limita a ejercer funciones de inspección, vigilancia y control; también implica actuar con firmeza técnica en la defensa del interés general”.