Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno)
Ruta de navegación
Menú de navegación
Menú auxiliar lateral izquierdo
Noticias
Publicador de contenidos
Fotografía por: Supersociedades
Bogotá D.C., 28 de abril de 2022. La Superintendencia de Sociedades adelantó la audiencia pública de la sociedad Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno), con la participación de más de 700 personas y 1.239 asistentes conectados a través del canal de YouTube de la Entidad. Lo anterior, en virtud de valorar y escuchar las explicaciones sobre la viabilidad del deudor, así como las querellas y propuestas de los acreedores.
En audiencia, el juez enfatizó su competencia para velar por la preservación de las empresas, en la búsqueda de soluciones para cesar las causas de la crisis. Precisando, el arrimo al expediente de 501 memoriales de acreedores que demandan el pago de sus obligaciones post-reorganización y la restitución de algunos inmuebles arrendados, peticiones seguidas de 20 acciones de tutelas por pretensiones similares.
En el curso de la audiencia, el promotor comunicó que la sociedad deudora presenta un déficit de caja de 135 mil millones a 30 de abril de 2022 solo por gastos de administración de la reorganización, y la operación de 603 tiendas de las 1.118 antes activas, la reducción del personal que laboran en ellas, entre otros supuestos que comprometen la operación de la compañía.
En consecuencia, atendidas las intervenciones del apoderado de la sociedad concursada y su representante legal, el juez anotando la poca certeza de la información por ellos aportada, decretó un receso hasta el día lunes 2 de mayo de 2022 a las 9:00 a.m., para continuar la audiencia, y tomar las decisiones pertinentes.
El link de acceso a la continuación de la audiencia se encontrará a disposición en la página web de la Superintendencia de Sociedades, www.supersociedades.gov.co, no obstante, su retransmisión se realizará a través del canal de YouTube de la Entidad.
Desde la Superintendencia de Sociedades continuamos apoyando a las empresas colombianas a través del desarrollo de nuestras funciones constitucionales y legales en la protección del empleo, el crédito y el bienestar del entorno empresarial.
