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Fotografía por: Supersociedades

Por Juan Pablo Liévano Vegalara

Desde el inicio del COVID-19, la Superintendencia de Sociedades ha trabajado en los asuntos de su competencia con el Gobierno nacional, para brindar mecanismos adicionales que permitan agilizar los procesos y trámites de insolvencia, buscando preservar la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito.

En el albor de la crisis, comprendimos la necesidad de dimensionar la afectación empresarial. Realizamos un estudio con base en una muestra histórica para determinar el riesgo de insolvencia. Así, estarían en riesgo de insolvencia 2.676 sociedades de la muestra, si el PIB se ubicaba en un -1,9%, equivalente al 17,8%, y 5.553 de la misma, si el PIB se ubicaba en -7,7%, es decir un 38%. Los análisis mostraron que la crisis afectaría en mayor proporción a las micro y pequeñas empresas.

Ante este panorama, aceleramos algunos proyectos estratégicos de la Entidad, para lograr mayor capacidad, rapidez y eficacia, lo cual incluía una reestructuración, una legislación con nuevas herramientas procesales y financieras y el uso de la tecnología y la virtualidad.

La crisis inició con un inventario de 2.788 procesos de insolvencia a 1 de abril de 2020. Desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2020, recibimos 1.073 solicitudes, terminando el año con 1.292 solicitudes, un 2% más de las 1.272 de 2019. Estas representaban alrededor de 12.4 billones en activos, 10.4 billones en pasivos, 2 billones en patrimonio y 40 mil empleos. Los sectores con mayor número de solicitudes en 2020 fueron servicios (34,2%) y comercio (22,8%).

Durante el 2020, admitimos 997 solicitudes a procesos de insolvencia.  Esto representó un crecimiento de 42%, comparado con el año anterior, y un crecimiento de 26% en el inventario, de 2.759 en 2019 a 3.465 en 2020. Este inventario representa alrededor de 61 billones en activos, 56 billones en pasivos, 5.1 billones en patrimonio y 160 mil empleos. De dicho inventario, 80% son procesos de reorganización y 20% de liquidación.  

Conforme a las  cifras, no cabe duda de que el esfuerzo de los empresarios y las ayudas del Gobierno nacional a las empresas y a los ciudadanos han sido efectivas para reducir el impacto de la crisis empresarial y las solicitudes a insolvencia.

En cuanto a las nuevas herramientas procesales y financieras, los resultados han sido satisfactorios. Las negociaciones extrajudiciales o con la mínima intervención del juez, especialmente la Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización, y la Reorganización Abreviada, han permitido a las empresas gestionar su crisis, en menor tiempo, la continuidad del negocio en marcha y la preservación del empleo. En el caso de la Liquidación Simplificada, los menores tiempos permiten que los activos vuelvan rápidamente al torrente económico para seguir generando valor y empleo.

La mayor capacidad institucional por la reestructuración y el uso de la tecnología y la virtualidad han permitido que los procesos se tramiten con mayor rapidez y eficacia, mejorando la productividad de la Entidad en beneficio de los usuarios y, sobre todo, la continuidad en la administración de justicia.

Esta Superintendencia de Sociedades continuará trabajando en la recuperación empresarial y la conservación del empleo, para así contar con "empresas competitivas, productivas, y perdurables" y "más empresa, más empleo", en beneficio del país y su recuperación económica.

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