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Fotografía por: Supersociedades

Juan Pablo Liévano Vegalara

La Superintendencia de Sociedades es una entidad fundamental en la solución de la crisis empresarial causada por el covid-19. Para quienes no lo saben, la Supersociedades es el juzgado de la insolvencia del sector empresarial. Es, me perdonarán la analogía, el hospital de las empresas. Debido a la situación, realizamos una proyección sobre una muestra aproximada de entre 15.000 y 18.000 empresas y se encontró que, con una caída del PIB entre -1,9% y -7,7%, entre 2.676 y 5.553 empresas de la muestra estarían en riesgo de insolvencia (Fusión de Test de Altman y Modelo de Ohlson), esto representa 17,8% y 37% de las empresas de la muestra, respectivamente. Si tenemos en cuenta que en el RUES existen alrededor de 1.'641.000 empresas registradas y que el número de empresarios informales podría ser aproximadamente 984.600 (Basado en el Cálculo de Fedesarrollo - 6 empresas informales por cada 10 formales), la catástrofe empresarial que se avecina es de gran proporción.

Ahora bien, ¿cuántas llegarán a la Supersociedades? Difícil saberlo, sin embargo, estos cálculos hacen necesario fortalecer la Superintendencia para servir adecuadamente al sector empresarial en un momento en que sin duda lo va a necesitar. Igualmente, con corte a 31 de marzo de 2020, lo que se podría calificar como la "hora cero" de la pandemia empresarial en el país, la Superintendencia conocía 2.788 procesos de insolvencia, de los cuales 2.209 eran de reorganización y que involucran aproximadamente $40 billones en activos y 105.000 puestos de trabajo. Teniendo en cuenta que la Supersociedades no ha modificado su planta de personal en ninguna de sus áreas desde el año 2012 y que pasamos de tener 576 solicitudes de insolvencia en 2014 a 1.272 en 2019, podríamos volver a la analogía inicial para decir que las camas del hospital están llenas. Ante estos pronósticos, hemos trabajado con el Gobierno Nacional en dos frentes.

El primero de ellos fue dotar al régimen de insolvencia de la Ley 1116 de 2006 de nuevas herramientas que pudieran dar un manejo más expedito y desjudicializado a la insolvencia empresarial, incluso con el apoyo de las cámaras de comercio de todo el país, a la vez que se crearon soluciones abreviadas a las pequeñas insolvencias. Por ello, se expidieron los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, que junto con la Ley 1116 de 2006, crean un ecosistema de rescate empresarial ajustado a las necesidades de la pandemia empresarial del covid-19. El segundo es la actualización y ajuste de la planta de personal de la entidad para atender el crecimiento de la demanda de servicios desde 2012, en particular, las solicitudes de insolvencia, y la coyuntura del covid-19. En este punto, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Con estos refuerzos esperamos seguir brindando a los usuarios soluciones cada vez más rápidas y eficaces. También, hemos emprendido una transformación digital acelerada para la prestación de los servicios de la Superintendencia que implica un uso más agresivo de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial.

De hecho, a través de un proceso en Colombia Compra Eficiente logramos contratar un sistema de inteligencia artificial en noviembre del año pasado, con recursos de las vigencias de los años 2019, 2020 y 2021. El proyecto busca la optimización de varios de nuestros procesos misionales, especialmente en insolvencia, conflictos societarios y supervisión. Así, con una Superintendencia fortalecida, contribuiremos decididamente a la recuperación empresarial y a la conservación de los miles de empleos que generan nuestras empresas, contando así con más empresas competitivas, productivas y perdurables y más empresa, más empleo.

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