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Fotografía por: Supersociedades

​De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, el Decreto Ley 560 busca evitar que las empresas tengan que ir hasta un juez.

Una de las medidas que adoptó el Gobierno para apoyar la recuperación empresarial ante la crisis derivada del Covid-19 fue la expedición del Decreto Ley 560 del 15 de abril de 2020, con el que se establecieron medidas especiales en materia de insolvencia. Juan Pablo Liévano, el superintendente de Sociedades, explicó los puntos claves de la normativa, cómo está manejando la entidad estos procesos y cuáles son los mecanismos que están dando para que más empresas no entren a procesos de insolvencia.

¿Cómo está el panorama de estos procesos de insolvencia?

En estudios que hemos hecho en la Superintendencia hay una correlación inversa entre el PIB industrial y las insolvencias. Lo que hay que tener en cuenta es el total del inventario, tenemos 2.700 procesos. Esas empresas tienen un activo de $49 billones, un pasivo de $40,9 billones y un patrimonio de $8 billones con un total de 120.930 empleos.

Si miramos la desagregación tenemos los procesos A, que son de más de 45.000 salarios mínimos; los B, en un rango entre 45.000 y 10.000 salarios, y los C, entre 0 y 10.000 salarios mínimos. El 70% de los procesos de insolvencia corresponden a la categoría C. En cuanto a los procesos de reorganización, representan $44,7 billones en activos, $34,3 billones en pasivos, $10,3 billones en patrimonio y 103.825 trabajadores. En reorganización, 67% corresponden a categoría C.

Se concluye que la Superintendencia de Sociedades, siendo el hospital de las empresas, tiene las UCIs bastante llenas, respecto a su capacidad instalada.

¿Cómo se están preparando?

Eso exigió tener varios frentes de trabajo, lo más importante es la tecnología. El año pasado adquirimos un programa para realizar los procedimientos de manera más expedita. Por otro lado, desde noviembre estamos trabajando en una reforma de la Superintendencia para incrementar el número de gente que trabaja en procesos, e incluso en una nueva delegatura para procesos de intervención.

¿Cuáles son las claves que trae el decreto 560?

El decreto 560 trata de conjurar dos cosas: cómo se maneja ese inventario y lo que está llegando con un sistema de lo que yo llamo exclusas, que no todo vaya de una hacia las UCI de la Superintendencia, que haya pedagogía para que haya cuidados paliativos. Lo que tiene el decreto son cuidados intermedios, para que sean los deudores, con sus acreedores, los que arreglen esos problemas de tipo económico.

La mejor insolvencia es la que no se tiene, la que se arregla sin ir a un juez. Hay que evitar que nuevas empresas caigan en procesos de insolvencia, lo que hace este decreto es con cuatro pilares: creación de herramientas extrajudiciales, mecanismos extraordinarios de salvamento, beneficios tributarios y la suspensión de normas y obligaciones legales.

¿Cuántas compañías han entrado en proceso de reorganización durante la pandemia?

El año pasado teníamos 100 solicitudes al mes, por el aislamiento preventivo obligatorio vamos muy por debajo de solicitudes. No ha sucedido nada sensacional con respecto a los números, todavía hay calma. Estamos 20% o 30% por debajo.

¿No hay una avalancha de solicitudes?

El aislamiento preventivo limita el trabajo, algunos necesitan asesores. La insolvencia no es inmediata, existe una incapacidad de pagos, pero se está manejando, eso tiene un espacio de tiempo en el que no ocurre. Además. el Gobierno ha dado créditos y garantías, todo eso ayuda al flujo de caja y a que no haya incapacidad de pago inminente, y por eso hay un espacio en que no vamos a tener esa avalancha o gran volumen de solicitudes de insolvencia, lo que nos da tiempo para adelantar el tema tecnológico.

Con la caída del PIB manufacturero, ¿cuántas empresas podrían entrar en procesos?

Hay dos estudios sobre el impacto de la coyuntura, con un escenario optimista, uno pesimista y uno moderado, que tratan de determinar qué pasará a partir de 16.000 tomas de información. Lo que vemos es que estarían en zona de riesgo 1.580 empresas, con un escenario donde el PIB nacional crezca solo 2% o 3%. Después viene un pronóstico que es que, si el PIB nacional crece solo 0,6%, hay 2.031 sociedades en riesgo de esas 16.000 de la muestra.

Si el PIB industrial decrece 1,9%, tendríamos que la zona de riesgo 2.376 sociedades, y si hablamos de un decrecimiento de 7,7% del PIB hablamos de 5.553 sociedades en zona de riesgo, eso no significa que todas se van a ir a procedimientos de insolvencia, sino que están en riesgo.

¿Se puede extrapolar al universo total de empresas este porcentaje, con un decrecimiento de 7%, que ya pronosticó el Banco de la República?

Tenemos que mirar cuántas sociedades hay en el país, que son alrededor de 800.000. De esas, 300.000 están en estado de disolución y liquidación, con lo que quedan 500.000. Si se hace ese estudio, se puede extrapolar que vamos a estar entre 30% y 35% en riesgo, pero no es que vayan a estar en insolvencia.

Esta semana Avianca se acogió al Capítulo 11 de la legislación de EE.UU. ¿Podría significar un proceso en Colombia?

Colombia en 2006 en la Ley 1116 acogió el modelo de insolvencia transfronteriza. Existe la posibilidad para Avianca de realizar una insolvencia transfronteriza, eso normalmente se hace para bloquear ejecuciones en la sede subsidiaria, que sería Colombia, pero hemos visto que ya el juez de EE.UU. permitió hacer pagos a proveedores y trabajadores en nuestro país.

Eso significa que en Colombia vamos a seguir con el giro ordinario de los negocios, van a seguir pagando y esto va a hacer que la compañía siga funcionando, por lo que no habría necesidad para la compañía establecer una insolvencia transfronteriza.

Si por alguna razón empieza a haber incumplimiento, la Superintendencia de Transporte seguramente ejercerá sus competencias y abrirá un proceso paralelo de insolvencia. Eso en este momento no está ocurriendo.

¿Por qué se ha venido aplazando la presentación de los resultados financieros?

Lo que hemos visto es que una cosa es el cumplimiento de las normas societarias y contables, que en ese sentido han debido hacer sus asambleas y deberían tener su contabilidad al día, otra que muchas no alcanzaron a hacer sus balances, y otra la solicitud a la autoridad. Consideramos en este momento que es más prioritario la dedicación de ciertos recursos de las empresas y no estar llenando la información para ser enviada a la Superintendencia.

Con la información de 2019 vamos a ver un muy buen año, veníamos muy bien en el trimestre y estoy muy tentado a pedir también cifras intermedias a junio 30, cuando termine el aislamiento, para esas 30.000 empresas a las que pedimos esta información, porque considero que esta nos va a dar el sabor de lo que está pasando con la pandemia.

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