Esta categoría abarca las operaciones que realizan las empresas para gestionar sus recursos y obtener financiamiento, sujetas a regulación para garantizar transparencia y seguridad jurídica. Entre las actividades que incluye se encuentran el factoring, libranzas, los planes de autofinanciamiento comercial y multinivel, todas ellas esenciales para la liquidez y el crecimiento empresarial.

También se contemplan tanto los controles para prevenir riesgos financieros, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción local y transnacional, como el sobreendeudamiento o la captación ilegal de dineros del público. Entre otros aspectos, establece requisitos de información, límites operativos y mecanismos de supervisión que buscan mitigar y controlar riesgos corporativos para evitar la realización de conductas que afecten los intereses del mercado.

De igual manera los esquemas comerciales que, por sus características particulares, están sujetos a supervisión objetiva, es decir sobre la actividad, con el fin de prevenir y si es el caso sancionar el ejercicio irregular o indebido de la misma, y proteger a consumidores e inversionistas, entre otros. Entre estos modelos se encuentran el multinivel y el SAPAC todos ellos con potencial riesgo de ser utilizados para prácticas abusivas.