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Fotografía por: Supersociedades

​La crisis generada por el Covid-19 desde el punto de vista empresarial no tiene precedentes: paralizó la actividad productiva y económica, redujo el consumo, limitó el crédito y produjo insolvencia empresarial y la pérdida de empleos. En esta coyuntura, la Superintendencia de Sociedades juega un papel fundamental, dada cuenta sus funciones en materia de insolvencia empresarial como juez del concurso. 

Como primera medida, fue necesario dimensionar la crisis de insolvencia que se avecinaba. En un estudio realizado por la Entidad (con una muestra de 15.000 sociedades), el número de sociedades en riesgo de insolvencia sería de 2.676, si el PIB se ubicaba en un -1,9%, equivalente al 17,8% de la muestra, y de 5.553, si el PIB se ubicaba en -7,7%, equivalente al 38% de la misma. El total de empresas del país en el RUES es de aproximadamente 1.600.000, por lo que estos porcentajes podrían significar un gran volumen de empresas en riesgo de insolvencia. ¿Cuántas llegarían a usar los servicios de la Entidad? Difícil saberlo, pero el número podría desbordar su capacidad institucional. 

A esto se sumaba el inventario de procesos en curso. En el t=0 de la crisis (1 de abril), contábamos con 2.788 procesos. Con la casa llena y ante la situación, había que hacer cambios. 

En primer lugar, empezamos proponiendo cambios al Régimen de Insolvencia Empresarial. Tomamos el trabajo realizado en el marco de los 80 años de la Superintendencia. Trabajamos a marchas forzadas, pero con una estructura y norte definido. 

Se expidió el Decreto 560 de 2020, que introduce nuevas instituciones para facilitar la recuperación empresarial y la preservación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, incluyendo a todos los actores económicos y proporcionando mecanismos financieros novedosos y soluciones extrajudiciales prontas y eficaces. 

Igualmente, el Decreto 772 de 2020, que crea mecanismos legales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización empresarial, introdujo procesos de reorganización y liquidación judicial para pequeñas insolvencias.

En segundo lugar, teniendo en cuenta el inventario de procesos y la presión de la crisis sobre la capacidad institucional, se requirió mejorar la capacidad instalada y la virtualidad, la tecnología y la inteligencia artificial. 

Frente a la capacidad instalada, próximamente tendremos más personal y nueva estructura. Respecto a la virtualidad, la tecnología y la inteligencia artificial, la Entidad contaba con elementos tecnológicos importantes, pero enfrentábamos dificultades para operar virtualmente. Suspendimos términos mientras adoptábamos las medidas que permitieron continuar trabajando de manera virtual. Para dimensionar el trabajo virtual, desde el 1 de abril y con corte al 28 de octubre, se han realizado 1.341 audiencias virtuales. 

Hemos emprendido todos los esfuerzos para la implementación de tecnología e inteligencia artificial para los procesos de insolvencia. Lanzamos el Módulo de Insolvencia – MI, portal web con formatos para la captura de información de forma fácil, estructurada y auto-asistida de las solicitudes de admisión a procesos de insolvencia. El uso de la inteligencia artificial permitirá la clasificación, procesamiento y análisis de la jurisprudencia y la clasificación, análisis y generación de documentos. 

En tercer lugar, se requiere, ante todo, un cambio cultural en los procesos de insolvencia. No se trata de ganar batallas jurídicas, sino de llegar a acuerdos y compromisos económicos, con innovación financiera y gerencial. Pensar más en la empresa y en sus beneficios económicos y sociales y menos en posturas de defensa de derechos individuales, así como en la gestión de los activos, a través de los planes de negocios que viabilicen a las empresas, cumpliendo con el cometido social y la finalidad de la insolvencia: la recuperación y conservación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, bajo un criterio de agregación de valor. 

La Superintendencia de Sociedades continuará trabajando en procura de la recuperación empresarial para contribuir al propósito de tener “más empresa, más empleo” y contar con “empresas productivas, competitivas y perdurables”, en beneficio del país y su recuperación económica.