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Fotografía por: Supersociedades

La defraudación mediante captaciones ilegales a través de pirámides o la ausencia de contraprestación de bienes o servicios o, aún existiendo tal contraprestación, sin que cuente con explicación financiera razonable, atenta contra el patrimonio de los particulares y el orden público económico de manera grave. Además, lo insólito, es que las estratagemas ilegales y el engaño se repiten y se magnifican a veces por la ingenuidad de las personas, por el desconocimiento de la ley y por pensar que existen “almuerzos gratis”.

Respecto a Estraval, el esquema funcionaba mediante los préstamos que hacían cooperativas a empleados de diferentes compañías e instituciones. La garantía y fuente de pago sobre dichos préstamos no era más que el compromiso con el empleador (pagaduría) y la autorización de descuento por parte de los empleados. Adicionalmente, las cooperativas vendían los pagarés a Estraval y esta a su vez supuestamente “vendía” los pagarés a terceros inversionistas. Hasta acá “todo bien, todo bien”, como dice el Pibe. El asunto se complica y empieza a ser captación ilegal, cuando el negocio “al ser tan bueno”, resulta en la recepción de dineros de manera anticipada para la compra de pagarés o cuando se presenta un desorden administrativo tal, que se venden pagarés vencidos, dobles o triples o no se “venden” pagarés del todo; operaciones que ofrecían además rentabilidades que no correspondían con su realidad económica, sin existir razonabilidad financiera para el modelo de negocio. Así, solamente si se dan los supuestos del Decreto Ley 4334 de 2008 sobre hechos objetivos o notorios de recaudos no autorizados, se puede realizar la intervención por parte de la Superintendencia.

El resultado no pudo ser más fatídico. Los inversionistas afectados fueron un total de 5.227, por un valor aproximado de $613.000 millones, de los cuales a la fecha se han recuperado y devuelto $49.913 millones. Se tienen además un total de activos de $136.560 millones pendientes por adjudicar o vender y algunos pendientes por aprobación del avaluó (que incluye la cartera), más un total de $18.201 millones en efectivo en proceso de entrega por el liquidador, más $13.798 millones, que incluyen partidas de dineros no reclamados, provisiones de gastos y escrituraciones y pendientes de devoluciones por descuentos de las pagadurías en exceso. Así las cosas, el total de dineros con expectativa de recuperación y entrega podría llegar a ser de $218.472 millones. Esto equivaldría, a la fecha, al 35,64%. Cabe aclarar que a hoy existen un total de 26 intervenidos y otras investigaciones por parte de la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control con el fin de intervenir otros tantos, decisiones de intervención o desintervención que, en ultimas, serán del resorte exclusivo de la Delegatura de Insolvencia o juez para el caso, en el evento que se den los presupuestos de ley, lo cual permitiría realizar devoluciones adicionales.

También existen algunos bienes contingentes que podrán entrar a la masa, una vez se resuelvan procesos de desafectación de patrimonio de familia o se decidan las correspondientes acciones revocatorias. Cabe aclarar que, en procura de la trasparencia e información a los afectados, además del acceso al expediente, al liquidador y a la información brindada en la página oficial de la intervención, este Despacho se ha reunido con abogados y representantes de los afectados con el propósito de oírlos, contarles los avances e informales lo importante que es para la Superintendencia la devolución de los recursos a los afectados, todo ello dentro del marco legal, de las competencias asignadas a la entidad y garantizando los derechos de los terceros de buena fe. La Superintendencia además hará reuniones periódicas de seguimiento.

Finalmente, a título personal, manifiesto nuevamente mis más profundos sentimientos de rechazo por las ardides y burlas masivas realizadas por personas inescrupulosas y mi solidaridad por aquellos que pierden sus ahorros, muchos de ellos mujeres cabeza de familia y personas de la tercera edad. Igualmente, como superintendente, reitero que daré estricta aplicación al Decreto Ley 4334 de 2008, que enmarca la intervención estatal como correctivo frente a este tipo de artimañas, a efectos de recuperar y devolver los dineros invertidos en captación o recaudos no autorizados, en ejercicio de una actividad financiera no autorizada, en abuso del derecho y fraude a la ley, y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Tercio extra: La Superintendencia está preparando una campaña bajo el entendido de que “no hay almuerzos gratis” y “si algo no te cuadra, ponte pilas, te van a tumbar”, a efectos de que los ciudadanos sean más conscientes, se informen y no se dejen atraer por cantos de sirena que anuncian ollas de oro al final del arco iris, donde además podrían quedar enredados y ser cómplices también del delito.

Juan Pablo Liévano, 

Superintendente de Sociedades.