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Fotografía por: Supersociedades

Bogotá, 16 de febrero de 2026. La Superintendencia de Sociedades informa a la opinión pública, acreedores, proveedores y demás interesados que, mediante Auto 2026-01-060247 de 13 de febrero de 20206, fue admitido el trámite de validación judicial del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización celebrado por la sociedad Almacenes Flamingo S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley 1116 de 2006, el Decreto 1074 de 2015 y la Ley 2437 de 2024.

La negociación se llevó a cabo en el marco del Procedimiento de Recuperación Empresarial adelantado ante la Cámara de Comercio de Medellín y el acuerdo fue aprobado por el 90,78% de los acreedores, porcentaje que supera ampliamente la mayoría exigida en la normatividad concursal. Con corte a noviembre de 2025, la sociedad reportó activos por $361.188 millones y pasivos por $339.726 millones, incluyendo obligaciones laborales, fiscales y parafiscales debidamente certificadas.

El acuerdo establece lineamientos generales para la atención ordenada del pasivo, iniciando con la priorización de los créditos laborales, fiscales y parafiscales. De igual forma, incorpora un esquema de cumplimiento para los acreedores garantizados, manteniendo las condiciones originalmente pactadas y respetando la prelación legal de las garantías, junto con mecanismos que permiten la eventual enajenación de inmuebles hipotecados cuando sea necesario para la ejecución del acuerdo. En cuanto a los proveedores y demás obligaciones de cuarta clase, el acuerdo prevé un pago inicial proporcional apoyado en recursos judiciales liberados y un programa de amortización gradual a partir de 2028, mientras que para los acreedores quirografarios, se incorpora un esquema de pagos diferidos que se activará en los años posteriores, ambos con reconocimiento de una tasa de interés reducida.

En conjunto, estas medidas buscan asegurar la sostenibilidad operativa de la compañía, garantizar la continuidad de sus actividades y permitir un pago equilibrado y progresivo a los diferentes grupos de acreedores, dentro de los límites y principios establecidos por la Ley 1116 de 2006, la Ley 2437 de 2024 y su normativa reglamentaria.

El acuerdo incluye además reglas de gobierno corporativo, restricciones a la distribución de dividendos, deberes de información, conformación del Comité de Acreedores y compromisos de transparencia durante su ejecución.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó: “La admisión del trámite de validación judicial constituye un paso decisivo para asegurar la viabilidad financiera de la compañía y la adecuada protección del crédito en un proceso que involucra a más de quinientos acreedores de distinta naturaleza. Un acuerdo aprobado por una mayoría tan significativa demuestra la confianza de los acreedores en la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos bajo un esquema legal de reorganización y refleja la utilidad del régimen concursal como herramienta para preservar unidades productivas, proteger el empleo y evitar la destrucción innecesaria de valor. La intervención oportuna de la Superintendencia garantiza reglas claras, supervisión efectiva y un entorno que favorece la continuidad operativa de empresas con impacto regional y nacional, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial y al desarrollo económico del país”.