Solicitud de investigación administrativa

Descripción general

La investigación administrativa es una de las medidas previstas por el artículo 87 de la Ley 222 de 1995 (modificado por el artículo 152 del Decreto 019 de 2012), la cual tiene como finalidad que las personas legitimadas por la ley denuncien las irregularidades de tipo societario, cometidas por los administradores y revisores fiscales de las sociedades.

Una vez acreditados los requisitos de la citada ley, la entidad adelantará un procedimiento sancionatorio regulado e impondrá las multas correspondientes a quienes hayan infringido las normas estatutarias o legales; también se impartirán órdenes tendientes a que las sociedades normalicen las irregularidades detectadas.

Requisitos

1. Ser sujeto legitimado para solicitar la medida. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 222 de 1995 (modificado por el artículo 152 del Decreto 019 de 2012) los siguientes son sujetos legitimados, en el caso de sociedades sujetas a inspección:

  • Los asociados que representen por lo menos el 10% del capital social;

  • Los administradores de la sociedad (según lo previsto por el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones). 

Respecto de sociedades vigiladas por esta Superintendencia, cualquier interesado puede solicitar la medida. Según lo previsto por el artículo 6 parágrafo 3º del Decreto 4350 del 4 de diciembre de 2006 (recogido por el Decreto 1074 de 2015), se entiende por interesados, los socios o accionistas, los acreedores sociales y las otras autoridades públicas que actúen en ejercicio de sus competencias legales. 

En ambos casos, los revisores fiscales también podrán solicitar la medida administrativa, en virtud del deber que les asiste de informar a la Superintendencia las irregularidades que se presenten en la sociedad (Artículo 207 del Código de Comercio, numeral 3º).

2. Que la sociedad de que se trate, registre en sus estados financieros al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, por lo menos uno de los siguientes montos:

  • Activos iguales o superiores a 5.000 s.m.l.m.v
  • Ingresos iguales o superiores a 3.000 s.m.l.m.v 

Normativa:

  1. Ley 222 de 1995
  2. Decreto 019 de 2012
  3. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011

Procedimiento general del trámite

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones requeridas para el trámite.

2. Presentar la documentación exigida, por cualquiera de los siguientes medios:

  • Grupo de gestión documental, Bogotá D.C.
  • Intendencias Regionales
  • Correo electrónico a webmaster@supersociedadesgov.co
  • Ventana  de Radicación Virtual (link)

La entidad adelanta averiguaciones preliminares, generalmente a través de una toma de información que se realiza directamente en las sociedades, aunque puede ser a través de requerimientos de información; con la información recaudada se analizan los hechos a la luz de las normas del régimen societario y, de encontrarse méritos para surtir un procedimiento sancionatorio, se advierte de ello a los investigados.

La entidad formula los cargos a que haya lugar, corre traslado para presentar descargos, decide lo correspondiente a las pruebas solicitadas, corre traslado para alegar de conclusión y toma una decisión de fondo. Estas decisiones suelen representar la imposición de multas, consecutivas o no, hasta por doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Artículo 86, numeral 3, Ley 222 de 1995)

El procedimiento que se surte en la investigación administrativa se encuentra previsto por los artículos 47 a 50 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Este documento es meramente descriptivo para orientación al usuario sobre el trámite. Para mayor información, se sugiere revisar la normativa aplicable.

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